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eis de marzo de 2009. Me encuentro en un edificio situado en un barrio residencial de Kampala que a su entrada ostenta el curioso título de “Oficina de Conexión” del Gobierno autónomo de Sudán meridional. Desde los acuerdos de paz de enero de 2005 entre el Gobierno de Jartum y los rebeldes sudistas del SPLA, que pusieron fin a varias décadas de guerra, el sur del país goza de una autonomía que, en la práctica, es casi una independencia. De hecho, esta Oficina de Conexión (Liaison Office, en inglés) funciona como una embajada y yo he venido para recoger mi visado de entrada, que me permitirá viajar por el sur del país, bajo la autoridad del SPLA. Me lo dan en menos de 24 horas. Si lo hubiera solicitado en la Embajada de Sudán habría tenido que esperar varias semanas, tal vez meses.

Mientras espero en la sala un nutrido grupo de sudaneses del sur siguen las noticias de la CNN con gran expectación. Cuando, por fin, se anuncia que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, acaba de dictar una orden de busca y captura contra el presidente Omar al Bashir, los espectadores estallan en gritos de júbilo. Cuando por fin recojo mi visado, me marcho pensando que, si uno no supiera lo que se muestra en la pantalla, podría pensar que su equipo acaba de ganar los mundiales de fútbol.

 

Seiscientos kilómetros más al norte, en Juba, la capital de Sudán meridional, apenas circula nadie por las calles y casi todos los comerciantes han cerrado las tiendas. Simples precauciones por si el esperado anuncio pudiera dar lugar a incidentes violentos. Hace apenas una semana (a finales de febrero) hubo más de cien muertos durante los enfrentamientos que tuvieron lugar entre soldados gubernamentales y del SPLA en la ciudad de Malakal, y todos, en el sur. Al tiempo que se alegran de la decisión de la CPI, agachan la cabeza por si ésta pudiera ser el detonante de más incidentes serios en la frágil paz que se vive en el sur del país desde 2005. Sólo un pequeño grupo de estudiantes, procedentes de Darfur, se manifiestan (a favor de la CPI y en contra de al Bashir) en la Universidad de Juba. Las autoridades del Gobierno autónomo del sur guardan silencio. El antiguo rebelde Salva Kiir, hoy vice-presidente de Sudán y líder de la administración del sur, hace los equilibrios que puede y, aunque apoya oficialmente a Al Bashir, le invita a colaborar con la CPI.

Bastante más al norte, en Jartum, nada más conocer la noticia, Al Bashir se da un baño de multitudes y declara que “la CPI se puede comer su orden de arresto”. Los manifestantes queman una efigie del fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo. Envalentonado por las reacciones de la Liga Árabe y la Unión Africana, durante las semanas sucesivas Al Bashir viaja al extranjero en varias ocasiones: Eritrea, Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Libia, países amigos donde nadie se atrevería a ponerle la mano encima. Pero lo peor es la expulsión de Darfur, en días sucesivos, de 13 ONGs internacionales (entre ellas Oxfam, Care y Médicos sin Fronteras) y tres locales, acusadas de “complicidad” con la CPI, una decisión que deja en la intemperie a millones de desplazados.

Con toda su demostración de derecho al pataleo, es probable, sin embargo, que al menos dos nombres resuenen en los oídos de Al Bashir: el del ex presidente serbio Slobodan Milosevic y el del antiguo mandatario de Liberia Charles Taylor. Ambos terminaron por ser detenidos y llevados a los tribunales (ver recuadro), algo impensable en su día. En el caso de Al Bashir hay que matizar, no obstante, que se trata de una decisión sin precedentes, ya que es la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio es sometido a la humillación de saber que pesa sobre él una orden internacional de arresto, y por acusaciones de atrocidades cometidas contra sus propios ciudadanos: ser el cerebro que ha alentado y encubierto crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur, donde desde 2003 las tropas de Jartum y sus aliados, las milicias janjawid, han asesinado, violado y torturado a miles de civiles indefensos, todos ellos no árabes, sobre todo de las tribus fur, marsalit y zaghawa. Según Naciones Unidas, esta tragedia ha causado ya 300.000 muertos y tres millones de desplazados, repartidos entre Darfur y el vecino Chad, después de que estallara el conflicto en 2003.

 

Los países africanos, en contra

Hasta el último momento varios países intentaron que no llegara esta decisión de la CPI. El día antes, China y Rusia se alinearon con la mayoría de los Estados africanos para pedir al Consejo de Seguridad que solicitara al tribunal que retrasase un año la orden de arresto. La moción no prosperó después de que Estados Unidos, Francia y Reino Unido se negaran a secundarla. La Unión Africana (UA) ha sido muy crítica con la CPI: “La justicia internacional sólo aplica las normas de la lucha contra la impunidad en África, como si nada sucediera en otras partes”, declaró el presidente de la UA, Jean Ping, al conocer la orden de arresto contra Al Bashir.

Se trata de una opinión compartida por la mayor parte de los dirigentes africanos, quienes incluso han visto detrás la sombra de un nuevo colonialismo. Muy distinta es la posición del arzobispo anglicano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, quien respondió certeramente a estas críticas: “Hay que apoyar a las víctimas y no a los verdugos. Lamento que las acusaciones contra Al Bashir sirvan para acreditar las tesis de que la justicia internacional está dirigida contra los africanos. La justicia se hace a favor de las víctimas, y resulta que las víctimas de estos crímenes son africanas. Dar a entender que esta justicia es un complot de Occidente es envilecedor para los africanos y es un atentado a la sed de equidad que se manifiesta en el continente”.

Algunos hechos parecen dar la razón al antiguo arzobispo surafricano. Si bien es cierto que, hasta la fecha, la CPI ha intervenido sólo en cuatro casos (Uganda,     R. D. del Congo, República Centroafricana y Sudán). No hay que olvidar que los tres primeros países solicitaron ellos mismos que el tribunal interviniera, y en el caso de Darfur ha sido el Consejo de Seguridad. Treinta países africanos están, además, entre los fundadores de la CPI, la cual –por cierto– investiga también desde hace algún tiempo presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y Colombia. Y la Unión Africana no debería olvidar su ominoso silencio ante los horrores de Darfur y de otros países del continente. Pocos recuerdan, por ejemplo, que en julio de 2006 la UA decidió organizar un proceso contra el antiguo dictador de Chad, Hissene Habré, quien hasta hoy continúa disfrutando de su exilio dorado en Senegal.

El verdadero talón de Aquiles de la CPI es el hecho de que no dispone de una policía o un ejército a su disposición que pueda ejecutar las órdenes de arresto. Sólo los Estados miembros pueden hacerlo, y de hecho están obligados a ello. En el caso de Al Bashir, sus recientes viajes a países árabes vecinos ya han puesto en entredicho este principio, aunque seguramente tendrá que guardarse mucho de poner el pie en otras naciones que sí estarían dispuestos a detenerle.

 

¿Justicia en detrimento de la paz?

Otro de los aspectos de esta polémica tiene que ver con el siempre difícil dilema entre justicia y paz. En el mismo Sudán meridional, al mismo tiempo que casi todos reconocen que Al Bashir es culpable no sólo de acciones criminales en Darfur sino también en el sur del país durante la guerra que terminó en 2005, igualmente son conscientes de que su detención podría provocar una vuelta a una guerra que nadie quiere ver repetirse. Así lo manifestó el obispo auxiliar de Jartum, monseñor Daniel Adwok, quien alertó de que un cambio de liderazgo en Sudán podría hacer descarrillar el frágil proceso de paz; sobre todo, en el sur del país, donde lo que se necesita es una reconciliación nacional. Sus comentarios llegaron después de que el obispo Rudolf Deng, presidente de la Conferencia Episcopal Sudanesa, emitiera una declaración en la que afirma también que el arresto de Al Bashir sólo crearía más tensión. Muy parecida fue la declaración del Consejo Ecuménico de las Iglesias de Sudán, que hizo público un comunicado en el que afirmaba que “la Iglesia cree en la justicia sin poner en peligro la paz”.

Antes del caso de Sudán, ya hubo un precedente en Uganda, el primer país del que se ocupó la CPI. Cuando este tribunal inició investigaciones contra los líderes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA en siglas inglesas), los distintos grupos que forman la sociedad civil del norte del país –que sufre la guerra desde 1986– alertaron del peligro que suponía emitir unas órdenes de arresto en un momento en el que se negociaba la paz con el LRA. “No puedes decir a los líderes rebeldes que vengan a sentarse a la mesa a negociar y, al mismo tiempo, darles la señal de que cuando vengan alguien les puede detener”, dijo en su día Lars Eric, un oficial de Naciones Unidas involucrado en tareas de mediación en el norte de Uganda. De hecho, las órdenes de arresto que pesaban contra los tres líderes principales del LRA se convirtieron en el principal escollo de las conversaciones de paz que empezaron en 1996 y fracasaron a finales del año pasado, cuando el líder rebelde Joseph Kony se negó a firmar, dejando el conflicto sin concluir y abriendo un futuro incierto. En Sudán todos cruzan los dedos para que no suceda algo parecido.

 

Por José Carlos Rodríguez